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  • Lorena Matzen

Ley para garantizar que los afiliados a obras sociales y prepagas reciban prestaciones de salud

La diputada nacional Lorena Matzen acompaño el proyecto de ley del diputado chubutense Gustavo Menna que prevé que las personas que deban recurrir a la Justicia para recibir una prestación de sus correspondientes obras sociales y empresas de medicina prepagas, reciban una indemnización, una vez que la entidad sea condenada.

La “Ley de protección de los derechos de usuarios y consumidores de prestaciones de salud debidas por obras sociales y empresas de medicina prepaga”, tiene la finalidad de garantizar las prestaciones por las cuales los afiliados hacen sus aportes y abonan una cuota mensual.

La iniciativa prevé que, ante la negativa o demora de una obra social o empresa de medicina prepaga a atender una prestación por la cual la persona afiliada deba acudir a la Justicia, la entidad que resulte condenada deberá indemnizar al afiliado por un monto equivalente a entre 10 y 100 salarios mínimo, vital y móvil.


El marco legal de la propuesta es el artículoNº 42 de la Constitución Nacional que tutela el derecho de los consumidores y usuarios a la salud, y también el inciso Nº 22 del artículo Nº 75 de la Constitución Nacional que incluye tratados internacionales a los que Argentina adhirió y que garantizan este derecho.


La presentación, fue realizada bajo el expediente 5.502-D-2020 y contó tambien con el acompañamiento de los legisladores: Roxana Reyes (Santa Cruz), Luis Pastori (Misiones), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Juan Martín Mussachio (Santa Fe), Alejandro Cacace (San Luis), Mario Arce (Formosa), Gerardo Cipolini (Chaco), Fabio Quetglas (Buenos Aires), Carlos Fernández (Buenos Aires), Jimena Latorre (Mendoza), Estela Regidor (Corrientes), Martín Berhongaray (La Pampa), Ximena García (Santa Fe), Lidia Ascárate (Tucumán), Gonzalo del Cerro (Santa Fe), Gabriela Lena (Entre Ríos), Aída Ayala (Chaco), Federico Zamarbide (Mendoza) y Diego Mestre (Córdoba).


La legisladora, afirmó que en los últimos años existe una creciente y constante

judicialización, por las demoras y negaciones a las prestaciones, según las estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, relevadas en documentos elaborados por el Registro Nacional de Amparos en Salud creado por la Superintendencia de Servicios de Salud.


En este sentido apoyó las declaraciones del Diputado Menna sobre incorporar "en serio a la reforma judicial, como punto central a ser tenido en cuenta es el derecho de acceso a la justicia. Congestionar y sobrecargar los tribunales con demandas, amparos y medidas cautelares por prestaciones de salud denegadas arbitrariamente no contribuye a mejorar el servicio de justicia y a hacer realidad el mandato de resolver las causas en un plazo razonable, como manda el artículo Nº 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.


Lo interesante e innovador es que el proyecto prevé que ante la negativa o la demora infundada o arbitraria en dar la prestación, el beneficiario podrá intimar a que la cuestión sea resuelta en el término de dos días, y si ello no ocurre, y se ve obligado a interponer una acción judicial para hacer valer su derecho, y si esa demanda es admitida, entonces operará a favor del propio peticionante (además del cumplimiento de la prestación) una indemnización que establecerá el juez en la misma sentencia, por un monto equivalente a entre a 10 y 100 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.



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